Rara vez sale a flote la estrategia soterrada de la longeva guerra interna colombiana. A veces ocurre, como el martes 15, cuando asomó sus orejas parcialmente.
Gaviria estaba molesto porque el principal diario de este país, El Tiempo, propiedad del Grupo Planeta y donde es columnista habitual, había publicado el lunes 14 un artículo de Cepeda titulado "Cuna del Bloque Metro".
En esa columna, Cepeda reseña testimonios en vídeo, que entregó a la justicia, de exmiembros de grupos paramilitares presos, según los cuales Uribe y su hermano Santiago habrían fundado el Bloque Metro, una de esas bandas que operó en Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia.
La discusión radial entre Cepeda, hijo del periodista y senador comunista Manuel Cepeda, asesinado en 1994, y Gaviria, primo hermano del capo de las drogas Pablo Escobar, muerto en 1993, terminó con una primicia.
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Primero Colombia, centro de pensamiento de ultraderecha creado por Gaviria, ha conformado el "Colectivo de Abogados Luis Germán Restrepo", denominación que alude al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), reconocida organización defensora de derechos humanos.
El sindicalista Luis Germán Restrepo fue asesinado en agosto de 2010, según Gaviria "por las FARC" (la guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).
A su vez, José Alvear Restrepo (1913-1953) fue un intelectual defensor de derechos humanos que pereció en extrañas circunstancias durante La Violencia, etapa inicial del longevo conflicto interno colombiano.
El caso es que el nuevo "Colectivo de Abogados Luis Germán Restrepo" pretende asistir el 22 de este mes a una audiencia privada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), con sede en Costa Rica, solicitada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Allí el gobierno pedirá a la CorteIDH que "revise" su fallo condenatorio al Estado colombiano de 2005 sobre la masacre de Mapiripán, cometida en 1997 por paramilitares apoyados por el ejército en ese municipio del sureño departamento del Meta.
A fines de octubre, dos asuntos ocurrieron con días de diferencia.
El 31, Santos disolvió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), presuntamente usado por la Presidencia de Uribe como policía secreta y brazo ejecutor de operaciones ofensivas contra la Corte Suprema de Justicia, defensores de derechos humanos, políticos y periodistas disidentes.
Andrés Peñate, exdirector del DAS, dijo a la justicia que Gaviria había ordenado esas acciones de sabotaje.
El 25 de octubre, uno de los principales "blancos" del DAS, el Cajar, resultó fuertemente cuestionado.
La campesina desplazada Mariela Contreras, a quien el Cajar había representado ante la justicia interamericana en el caso de Mapiripán, declaró haber mentido a todos, por consejo de una amiga. Su esposo no fue asesinado en la masacre, ni desaparecieron dos de sus siete hijos en ese episodio.
Contreras se retractó de los testimonios que había prestado bajo juramento ante la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en octubre de 2002, y ante la CorteIDH en marzo de 2005.
En ese entonces, la versión de Contreras fue corroborada por otros de sus hijos, a quienes ella habría incitado a mentir.
En su comparecencia de octubre pasado, Contreras asistió con un hijo, supuestamente desaparecido y quien en realidad integró las FARC entre 1995 y 2008. El otro, según las autoridades, tramitó su documento de mayoría de edad (cédula de ciudadanía) en 2001.
De acuerdo con distintos testimonios, la masacre de Mapiripán dejó casi medio centenar de muertos y desaparecidos. Pero la CorteIDH condenó al Estado colombiano por 26, incluyendo a los tres familiares de Contreras, quien recibió 890.000 dólares de indemnización del Ministerio de Defensa.
Además, el tribunal continental conminó al Estado a verificar la identidad de cada uno de los muertos.
Seis años después del fallo, y junto al testimonio de Contreras, otra unidad de la Fiscalía, la de Justicia y Paz que aplica la justicia transicional a los desmovilizados del conflicto, presentó a un tribunal un avance de su investigación.
Por ahora confirma 10 muertes e indaga otras 16, basada en confesiones de exparamilitares y verificaciones propias. La unidad fiscal dice tener documentados tres casos más de falso testimonio e investiga otros siete posibles fraudes.
La magistratura de Justicia y Paz ordenó demandar a Contreras y a las personas que supuestamente fingieron ser víctimas. También serán investigados los funcionarios que certificaron a las víctimas de Mapiripán y colaboraron en tasar los daños. El Ministerio de Defensa suspendió el pago de indemnizaciones.
Así las cosas, el procurador general de la Nación (jefe del Ministerio Público), Alejandro Ordóñez, comparó a los abogados del Cajar con "bandas criminales", "estafadoras al Estado", porque en su momento cobraron a Contreras la cuarta parte de la indemnización.
Ordóñez también dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instancia de entrada al sistema continental de justicia que remite a la CorteIDH los casos que lo ameriten tomó decisiones "contra derecho", y reclamó al gobierno solicitarle ser "más cauta en la valoración de pruebas".
Penalistas consultados por IPS coinciden en que todo tribunal del mundo corre peligro de ser engañado.
Además, en derecho internacional también se aplica el principio del Estoppel (o teoría de los actos propios), según el cual el sujeto, en este caso el Estado colombiano, no puede alegar en su favor su propia falla.
El Estado, lejos de aceptar que se equivocó al certificar a Contreras y a otras víctimas que no lo son, responsabiliza de esa falla al Cajar y a la justicia interamericana.
Contrariado por la difusión del texto de Cepeda en El Tiempo, José Obdulio Gaviria sostuvo en la radio que este, el Movice, el Cajar y hasta las movilizaciones indígenas hacen parte de "la organización" (la guerrilla), que "publican según sus necesidades".
"Utilizan por ejemplo la organización interamericana de derechos humanos" (sic) para enriquecerse con las sentencias, dijo Gaviria.
"Una de las debilidades de la derecha", indicó, "ha sido la no aplicación de las técnicas jurídicas para su defensa, incluso para el ataque", por eso su centro Primero Colombia pretende estar presente en la audiencia del 22 a través del recién creado "Colectivo de Abogados".
El Cajar, dirigido por ocho profesionales del derecho y donde laboran otros 16 juristas, lleva actualmente unos 50 casos ante la justicia interamericana y, en otra veintena, presta apoyo para la expedición de medidas de seguridad a favor de líderes y comunidades en alto riesgo de sufrir violencia.
En 1989 presentó su primer caso, y ninguno le ha sido rechazado por la Comisión Interamericana, lo que muestra la consistencia de sus demandas.
Al menos 3.000 folios componen las actas incautadas al hoy disuelto DAS, con órdenes de sabotaje, amenazas de muerte y otras acciones de inteligencia ofensiva contra el Cajar. Para sus defensores de derechos humanos, la estrategia subterránea continúa.
